Las clases medias de sentimientos católicos, incómodas ante el matiz socialista del gobierno y anticlerical del régimen, retiraron poco a poco el apoyo a la República.
La República se proclamaba a sí misma régimen de justicia social, entendida como un estado de bienestar con relaciones laborales controladas por el Estado con participación limitada de los trabajadores en la gestión de las empresas. La legislación laboral, obra de Largo Caballero, consistió de tres leyes claves que crearon un mecanismo para el arreglo de los conflictos laborales. Esta leyes se derivaban en parte de la legislación de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera.
Los arreglos se confiaron a comisiones mixtas bajo la supervisión de delegados de trabajo que eran designados por el Ministerio.
Los socialistas y el sindicato UGT quedaron satisfechos con esta solución, ya que la nueva burocracia estaba formada por socialistas que pasaban a ser funcionarios pagados por el Estado. De esta manera los socialistas adquirieron una posición de fuerza frente a la CNT que quedaba fuera del juego.