La Reforma Agraria de la Segunda República intenta seguir los pasos con los gobiernos anteriores de la monarquía y que nunca se llevaron a término con Canalejas (1911), Alba (1916) o Lizárraga (1921).
Las izquierdas republicanas ven la reforma agraria como una oportunidad de crear una clase social agraria adicta al nuevo régimen. Mientras el PSOE no cree necesaria la parcelación, ya que busca la socialización, los anarcosindicalistas desean una colectivización controlada por el Estado. Esta disparidad explica las vacilaciones del Gobierno previos a la promulgación a la Ley de Bases en 1932.
El primer paso de la reforma consistió en crear el Institudo de Reforma Agraria encargado de hacer un inventario de las tierras y los beneficiarios. El Partido Radical Republicano se opone al proyecto, y los socialistas lo ven insuficiente tachándolo de conservador por no llegar a la expropiación.
El fracaso de la reforma fue rotundo, por las siguientes razones:
Era necesaria una gran inversión de capital, y el Gobierno no tenía capacidad financiera.
No existía personal técnico preparado.
El Instituto estaba formado por 25 miembros, lo cual hacía que su acción fuera muy lenta.
No se aprobó el proyecto del banco Agrícola, que era el encargado de financiar la reforma.
Al finalizar 1934 se habían expropiado 116.837 hectáreas procedentes de 529 fincas y se habían asentado en ellas 12.260 campesinos. Después de las elecciones de noviembre de 1933, en las que resultaron vencedores los partidos de derechas, el nuevo gobierno aprueba una Ley de Contrarreforma anulando las expropiaciones sin derecho a indemnizaciones. Anuló también el inventario de fincas sujetas a reforma, por lo que quedaron exentas de expropiación.
La primera Reforma Agraria de la República en realidad nunca existió, como tampoco existieron las anteriores, ni las venideras de 1936-1937 y 1955.